Qué costo fiscal del RIGI cuestionan los diputados antes del debate del Presupuesto 2027 en el Congreso
El Gobierno prevé tratar en octubre el Presupuesto de 2027 en el Congreso, en medio de cuestionamientos por el costo fiscal del RIGI, el régimen que otorga beneficios impositivos a grandes inversiones y reduce los ingresos que el Estado percibiría bajo las reglas tributarias generales.
La discusión también abarca partidas que el bloque peronista considera discrecionales. La denominada Jurisdicción 91 crece de $ 5,6 billones a $ 14,8 billones en el proyecto, y $ 7,7 billones de ese total no tienen una ley ni un criterio de asignación definidos.
La directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, calculó que las empresas adheridas pagarían casi USD 26.000 millones si tributaran mediante el régimen general. Con el RIGI, la recaudación proyectada desciende a USD 17.500 millones, una brecha de USD 8.500 millones equivalente a un tercio del total.
“Una cosa es el gasto tributario, que se pone en el presupuesto siempre porque es cuánto pagarían las empresas que están operando en Argentina por el régimen general versus el régimen que tienen”, detalló Dal Poggetto. La economista planteó que la cuestión es determinar quién absorbe esa diferencia.
El reparto fiscal entre la Nación y las provincias
La Nación aporta USD 6.200 millones de esa diferencia y recibe USD 9.900 millones, una relación de 1,6 veces respecto de lo que cede. Las provincias que concentran proyectos bajo el régimen aportan USD 1.200 millones en impuestos y reciben USD 5.000 millones, 4,16 veces el monto que resignan.
“El juego es un esquema tributario que de alguna forma favorece a las provincias que tienen alocados los proyectos, es la contracara de un esquema que intente distribuir desde el punto de vista de la política fiscal”, sostuvo la titular de Eco Go.
El diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, presentó otra estimación y cuestionó que el gasto tributario del RIGI no esté incluido en el proyecto presupuestario. Hasta el momento, indicó, fueron aprobados 23 proyectos, con inversiones por USD 49.766 millones y una proyección de 108.450 puestos de trabajo.
El 47% de esas inversiones se desembolsará hasta 2028 inclusive. La cartera incluye dos proyectos de energía eléctrica, siete de petróleo y gas, 12 de minería, uno de siderurgia y uno de infraestructura.
“El mayor dibujo del presupuesto es la ausencia total del gasto tributario (lo que el Estado deja de recaudar) por el RIGI”, afirmó Michel en la red social X. Según su cálculo, el costo oculto asciende a USD 3.359 millones anuales, equivalente a 0,49 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno cuando las iniciativas estén en plena ejecución.
La carta del peronismo a Kristalina Georgieva
El bloque peronista de la Cámara de Diputados envió una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, mientras el organismo realizaba la tercera revisión del programa vigente en el país. Los legisladores calificaron al proyecto de Presupuesto como “inconsistente” y advirtieron que entrega discrecionalidad al Poder Ejecutivo en un año electoral.
El primer cuestionamiento de la carta se concentra en el superávit primario previsto por el Gobierno: $ 15,4 billones, cerca de 1,1% del PBI. El bloque sostuvo que esa previsión está sobreestimada porque no incorpora el costo tributario asociado al régimen de inversiones.
El segundo eje se dirige a los fondos incluidos en la Jurisdicción 91. “No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’”, señala la carta, que sostiene que ningún artículo del proyecto crea ese programa ni establece un mecanismo para distribuir sus recursos.
Los diputados plantearon que esa partida podría utilizarse para auxiliar o presionar a provincias que no puedan afrontar salarios o necesiten recursos adicionales. El documento también cuestionó el aumento de la inversión financiera neta para 2027.
Esa inversión se duplica en términos nominales frente a 2026, al pasar de $ 9,8 billones a $ 17,4 billones. Según la carta, la propuesta prevé destinar una porción relevante del superávit financiero y de las fuentes financieras netas a incrementar inversiones financieras temporarias, caja y bancos u otras inversiones financieras.