Manuel Adorni y la causa por su patrimonio: la Justicia le dio 15 días más para responder
El juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido del exjefe de Gabinete, que había solicitado más tiempo para contestar las 20 observaciones formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación analiza la evolución de sus bienes y la de su grupo familiar.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo le concedió al exjefe de Gabinete una prórroga de 15 días para presentar las explicaciones y documentación requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa en la que se analiza un posible enriquecimiento ilícito.
El plazo original vencía este miércoles 26 de agosto. La defensa había pedido una extensión para poder acceder a documentación y archivos mencionados en el requerimiento fiscal, entre ellos material obtenido del teléfono del contratista Matías Tabar, considerado una pieza relevante dentro de la investigación. Lijo autorizó el acceso a esos archivos y, al mismo tiempo, extendió el plazo para que Adorni responda.
La decisión no implica un cierre de la investigación ni una conclusión sobre el origen de los bienes cuestionados. Por ahora, el expediente continúa en una etapa en la que la Justicia busca que el exfuncionario explique las diferencias detectadas entre sus ingresos declarados, sus gastos y la evolución de su patrimonio.
Las 20 preguntas que debe responder Adorni
El fiscal Pollicita presentó el 10 de agosto un requerimiento compuesto por 20 puntos vinculados con el crecimiento patrimonial de Adorni y de su grupo familiar. La presentación busca que el exfuncionario aporte documentación y explicaciones sobre distintas operaciones que, según la investigación, requieren ser aclaradas.
La Fiscalía analiza si los movimientos económicos observados pueden ser explicados a partir de ingresos legítimos y debidamente documentados. En caso de que las respuestas no resulten suficientes, el expediente podría avanzar hacia nuevas medidas judiciales, incluida una eventual convocatoria a declaración indagatoria.
Uno de los aspectos que aparece bajo análisis es la diferencia entre el patrimonio que el exvocero presidencial fue informando en sus distintas declaraciones juradas y los bienes y gastos que luego quedaron incorporados a la investigación.
Qué pasó con las declaraciones juradas
El caso comenzó a adquirir mayor relevancia pública a partir de las modificaciones y rectificaciones realizadas por Adorni en sus presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
La declaración correspondiente al cierre de 2025 consignó un patrimonio bruto de aproximadamente $944,6 millones, frente a los $662,6 millones declarados al comienzo de ese período. El incremento nominal fue cercano al 43%.
En esa nueva presentación fueron incorporados, entre otros bienes, inmuebles que ya habían aparecido en la investigación periodística y judicial.
Uno de ellos es una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de su esposa en noviembre de 2024. También figura un departamento en el barrio porteño de Caballito adquirido posteriormente.
Las operaciones inmobiliarias forman parte de los elementos que la Justicia busca reconstruir para determinar cómo fueron financiadas y cuál fue el origen de los fondos utilizados.
Uno de los puntos que mayor atención recibió durante la investigación fue el inmueble de Indio Cuá. De acuerdo con la información incorporada al expediente y analizada por distintos medios, la propiedad fue comprada por unos US$120.000, aunque en la documentación patrimonial se consignó inicialmente un valor diferente. Posteriormente se realizaron refacciones que, según el testimonio del contratista Matías Tabar citado en la causa, habrían demandado alrededor de US$245.000 y fueron abonadas en efectivo.
La Justicia busca determinar el origen de esos recursos y reconstruir la secuencia de la operación, incluidos los préstamos utilizados para concretar la adquisición.
También está bajo análisis la compra de un departamento en Caballito, realizada en noviembre de 2025 por alrededor de US$230.000. Según la documentación difundida, una parte significativa del precio habría sido financiada mediante préstamos otorgados por dos particulares.
La existencia de esas operaciones no constituye por sí misma una prueba de un delito. Precisamente, el objetivo del requerimiento fiscal es que el investigado explique documentalmente el origen de los fondos y la forma en que se realizaron las transacciones.
El patrimonio de Adorni llegó a casi $945 millones
En junio, la nueva declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción mostró bienes por unos $944 millones al cierre de 2025. Dentro de ese patrimonio aparecían también activos denominados en moneda extranjera, entre ellos cerca de US$210.000 en efectivo en el país y una cuenta bancaria en Estados Unidos con algo más de US$6.200.
La evolución patrimonial es uno de los elementos que explican el requerimiento de Pollicita. La Fiscalía no analiza únicamente cuánto patrimonio tiene actualmente Adorni, sino también cómo se produjo el aumento, de dónde provinieron los fondos y si los ingresos declarados resultan compatibles con las operaciones realizadas.
La investigación no se limita exclusivamente a los bienes registrados a nombre de Adorni. La Justicia también analiza información relacionada con su esposa, Bettina Angeletti. La normativa de declaraciones juradas contempla un componente reservado para determinados datos patrimoniales del cónyuge y del grupo familiar. La Oficina Anticorrupción informó al Congreso que realizó análisis sobre las declaraciones juradas de Adorni y que, en el marco de la causa judicial, entregó información reservada a requerimiento de la Fiscalía.
El tratamiento de esa información es particularmente relevante porque algunas de las propiedades que aparecen en la investigación fueron escrituradas a nombre de la esposa del funcionario. En junio, el funcionario presentó una nueva declaración jurada y rectificó presentaciones anteriores. Entre los cambios se incorporaron propiedades y otros activos que no habían aparecido de la misma manera en las declaraciones previas.
En paralelo, también había quedado bajo discusión la presentación del anexo reservado correspondiente a los bienes de su esposa. La situación fue objeto de consultas y pedidos de información durante el proceso de revisión patrimonial. Desde el entorno del exfuncionario sostuvieron que las distintas presentaciones debían analizarse teniendo en cuenta las características y plazos establecidos para las declaraciones juradas.
Con los 15 días adicionales concedidos por Lijo, la defensa tendrá ahora un nuevo plazo para reunir documentación y responder los 20 puntos planteados por el fiscal. El paso siguiente dependerá del contenido de esas explicaciones. Si la documentación aportada permite aclarar las operaciones cuestionadas, algunas de las observaciones podrían quedar despejadas. Si, en cambio, la Fiscalía considera que persisten inconsistencias relevantes, la investigación podría avanzar con nuevas medidas.
Por ahora, el expediente se encuentra en una instancia de justificación patrimonial. La Justicia busca determinar si las diferencias detectadas tienen una explicación económica y documental válida o si existen elementos suficientes para profundizar la investigación penal.
El dato central de esta nueva etapa es, entonces, el plazo: Adorni consiguió 15 días adicionales para responder las 20 observaciones de la Fiscalía. Lo que presente en ese período será determinante para definir el próximo movimiento de la causa.