Un petrolero de bandera británica amarró en Ushuaia y generó un nuevo cruce entre Nación y Tierra del Fuego
El amarre del buque petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia abrió un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego. La embarcación, registrada bajo bandera de la Isla de Man, vinculada a la Corona británica, llegó a la terminal fueguina después de realizar operaciones de carga en la zona de Río Cullen.
La presencia del buque fue cuestionada por el Gobierno provincial, que reclamó explicaciones a la administración nacional y planteó objeciones vinculadas con la normativa fueguina sobre embarcaciones británicas y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El episodio se produjo mientras el Puerto de Ushuaia permanece bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), una medida adoptada en enero por el Gobierno nacional y que también es motivo de una disputa entre la Nación y la provincia.
Qué ocurrió con el buque
El VS Promise es un petrolero dedicado al transporte de crudo. De acuerdo con información difundida sobre la embarcación, tiene unos 228 metros de eslora y una capacidad superior a los 500.000 barriles de petróleo. La nave opera bajo bandera de la Isla de Man, territorio que es una dependencia de la Corona británica.
Antes de llegar a Ushuaia, el buque realizó operaciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera en Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. Posteriormente se dirigió hacia la capital provincial, donde quedó amarrado en el muelle comercial.
El dato que generó la controversia es precisamente su registro de bandera. Para las autoridades fueguinas, la condición británica de la embarcación entra en conflicto con las disposiciones provinciales que regulan la actividad de este tipo de naves.
La norma fueguina que quedó en el centro de la discusión
Tierra del Fuego cuenta desde 2011 con la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero. La norma reafirma los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y establece restricciones para determinados buques de bandera británica.
En particular, el artículo 2 prohíbe la permanencia, el amarre, el abastecimiento y determinadas operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas vinculadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas, además de establecer disposiciones para buques militares.
La existencia de esta normativa es uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo fueguino para cuestionar el ingreso del VS Promise. Sin embargo, el alcance concreto de la norma y su aplicación al caso forman parte de la discusión institucional. La cuestión adquiere además una particularidad por el tipo de operación realizada por la embarcación y por el hecho de que el puerto se encuentra actualmente bajo administración nacional.
La intervención del Puerto de Ushuaia fue dispuesta por la ANPyN en enero de este año. Según la Resolución 4/2026, el organismo detectó irregularidades financieras, denuncias sobre presuntos desvíos de fondos y deficiencias de infraestructura que, de acuerdo con la evaluación oficial, podían afectar la seguridad y la continuidad de las operaciones.
La resolución estableció una intervención administrativa durante 12 meses, con posibilidad de prórroga, y otorgó a la autoridad designada la gestión operativa, técnica y administrativa de la infraestructura portuaria.
El Gobierno nacional también argumentó que Ushuaia posee una importancia estratégica por su ubicación en el Atlántico Sur y por su función como punto de apoyo para las actividades antárticas. La propia resolución oficial señala la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios portuarios y la seguridad de las operaciones. La provincia, por su parte, cuestionó la decisión y sostiene una disputa judicial por la intervención de la terminal.