En que se basa el proyecto de ley que busca arancelar la educación pública a extranjeros en Provincia de Buenos Aires
Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone arancelar la atención sanitaria en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades estatales para extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina.
La iniciativa toma como referencia las categorías migratorias previstas en la Ley Nacional 25.871 y alcanza a quienes posean residencia temporaria, transitoria o precaria, mientras que los residentes permanentes quedarían excluidos de la medida.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
— Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026
Según los impulsores, el objetivo es priorizar el uso de los recursos públicos por parte de los bonaerenses y mejorar la administración de los fondos destinados a salud y educación.
«La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente», sostiene el proyecto.
Además, el texto agrega que «la gratuidad indiscriminada, tanto en el sistema de salud como en educación, termina perjudicando principalmente a quienes dependen todos los días del hospital público y de la universidad estatal».
Cómo sería el cobro en hospitales públicos
El proyecto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas, ya sea con recursos propios, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado al pago.
Para acceder a prestaciones programadas, deberán acreditar cobertura o abonar previamente el arancel correspondiente. El cobro se realizaría mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), que ya cuenta con mecanismos de facturación y nomencladores vigentes.
Los recursos recaudados se incorporarían al Fondo Provincial de Salud del SAMO y se destinarían a la compra de insumos, medicamentos, equipamiento, además de obras de infraestructura y mejoras operativas en los hospitales públicos.
La iniciativa aclara que ninguna persona podrá ser rechazada ni sufrir demoras en casos de urgencia o emergencia. En esas situaciones, la atención será inmediata y el eventual recupero de los costos se tramitará una vez que el paciente haya sido estabilizado.
También quedarían exceptuadas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las prestaciones relacionadas con la prevención, vacunación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria.
Qué cambia para las universidades
En el ámbito educativo, el proyecto obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar aranceles para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.
Cada institución tendría autonomía para definir los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización a través de sus órganos de gobierno.
«La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar», argumenta la iniciativa.
Además, incorpora un mecanismo de transparencia, por el cual el Ministerio de Salud bonaerense y las universidades deberán publicar cada año la cantidad de prestaciones y estudiantes alcanzados, los montos facturados y cobrados, las exenciones otorgadas y el destino de los fondos, sin divulgar datos personales.
El proyecto también invita a adherirse a los municipios que cuenten con hospitales o centros de salud propios. En caso de ser aprobado, el Poder Ejecutivo bonaerensetendrá 90 días para reglamentar la norma y definir el nomenclador arancelario y el sistema de facturación, mientras que las universidades dispondrán del mismo plazo para adecuar sus reglamentos.
La propuesta lleva las firmas de Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.