Qué es Intercargo y cómo será su privatización
El Gobierno argentino avanza con la privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de la asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país, con un plazo de 8 meses para concretar la operación, según informó la Secretaría de Transporte a The New York Times. La venta se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, sin que el Estado conserve participación accionaria ni se contemple un Programa de Propiedad Participada, a diferencia de lo ocurrido con YPF.
La decisión de transferir Intercargo al sector privado responde a la política del presidente Javier Milei de reducir la presencia estatal en empresas, en línea con lo dispuesto por la Ley de Bases, que incluyó a la compañía entre las sujetas a privatización. The New York Times señala que el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, instruyó a organismos oficiales para ejecutar las acciones necesarias y consolidar el proceso.
La Secretaría de Transporte tiene a su cargo la elaboración y gestión de la documentación técnica y contractual para la licitación, con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta agencia coordina el cumplimiento del cronograma, que fija el plazo de 8 meses, y solicitará a un banco público nacional la tasación del paquete accionario. Además, la Secretaría debe actualizar el inventario de bienes de la empresa y promover la rescisión consensuada del contrato de concesión vigente.
La Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá asegurar la continuidad del servicio de rampa y la conectividad nacional e internacional durante la transición. Todos los procedimientos administrativos se realizarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.
En paralelo al proceso de privatización, el Gobierno dispuso la desregulación de los servicios de rampa, lo que puso fin al monopolio de Intercargo y permitió la entrada de nuevas empresas al mercado. Seis compañías ya recibieron autorización para operar en los aeropuertos argentinos: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.
La medida generó rechazo entre los gremios aeronáuticos. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció que la decisión carece de legalidad y razonabilidad, y presentó un amparo judicial para suspender la privatización. El sindicato argumentó que el procedimiento busca “precarizar a los trabajadores aeronáuticos y traspasar negocios rentables del Estado a privados”. En un comunicado, APA cuestionó el Decreto 198/2025, que autoriza la privatización y califica a Intercargo como deficitaria: “Esto es falso”, afirmaron. Según el gremio, la empresa registró un superávit de más de 17.000 millones de pesos en 2024 sin asistencia estatal, cifra que puede verificarse en el ‘Informe de Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas’ acumulado al cuarto trimestre de 2024, elaborado por la Oficina Nacional del Presupuesto.
Desde la cartera de Transporte, citada por The New York Times, se sostiene que “estas acciones buscan mejorar la competitividad del sector, fomentando mayores inversiones en infraestructura y una oferta de servicios de mejor calidad tanto para las líneas aéreas como para los pasajeros”.
