Opinión: una década de tolerancia por gobernante, no más

En el diario Perfil, Manuel Mora y Araujo afirma aborda los vaivenes de la opinión pública desde el retorno de la democracia. Cómo todos los presidentes ignoraron los reclamos que enfrentaban (inflación, desempleo, inseguridad) de una sociedad que pasó de defensora de las privatizaciones a estatista en tiempo récord. Y sostiene que una década es nuestro límite para la gestión de un gobernante.

En 1983 la sociedad argentina alcanzó la convicción de que los gobiernos militares no tenían más cabida en el país. En ese aspecto, no ha cambiado hasta hoy. Detrás de ese concepto no venía un sentido extremadamente republicano, o institucional, de la democracia, ni un sentido demasiado desarrollado de la idea del “poder limitado”; simplemente se adhería a la noción de gobiernos electos sin intervención de los militares. Se cerraba un ciclo de 53 años de gobiernos ejercidos o tutelados por las Fuerzas Armadas –a menudo con bastante consenso social– y se abría un horizonte basado en el consenso de los gobiernos democráticos.

Ese paso posiblemente no habría sido dado con tanto consenso si no hubiese mediado, un año antes, la guerra de las Malvinas. Aquello fue la culminación de años oscuros y dolorosos, de una inexplicable inestabilidad económica y política –en siete años se sucedieron cinco presidentes militares– en un país sumido en la confusión y en un desorden mayor del que había justificado la intervención militar en 1976. El clima de opinión imperante fue captado en la memorable consigna del candidato Raúl Alfonsín en 1983: “Derrotar en las urnas al pacto corporativo militar sindicalista”. El electorado votó mayoritariamente esa propuesta, menos con el sentido de un mandato irrevocable que como una expectativa de abrir una página nueva en la historia del país.

La realidad distó mucho de satisfacer esa expectativa. Pero a la solución militar no se volvió más.

La opinión pública se movió incesantemente en oscilaciones más o menos bruscas (las he caracterizado en mi libro La Argentina bipolar), ajustando sus prioridades a los problemas de cada hora. A su vez, los gobiernos tendieron a mostrarse rígidos e inflexibles en su propia agenda. En ese juego entre la sociedad y sus gobiernos se generaron ciclos de entusiasmo y optimismo seguidos de ciclos de frustración y pesimismo. En estos treinta años no se establecieron otros consensos sociales básicos, que son la base de una mínima estabilidad de las políticas públicas en los sistemas democráticos.

Los liderazgos políticos

La sociedad argentina, a través de su historia, ha tendido a buscar liderazgos fuertes, dominantes, a menudo “carismáticos”. Tan pronto se cansa de quien fue ungido en algún momento, pasa a demandar líderes con un perfil opuesto: se mueve de la preferencia por el superhumano a la valoración de personas humanas y mortales, y a la inversa. Los primeros generalmente actúan como si fuesen realmente inmortales; no dan fácilmente un paso al costado, no aceptan dar un paso al costado y volver al sosiego de la vida privada; nada parecido a aquel Harold Wilson que dejó el gobierno inglés y se retiró de la política a los 60 años diciendo “ahora podré dedicarme a leer novelas policiales, que es lo que me gusta”. Los segundos de hecho parecen personas que podrían pasarse la vida leyendo policiales o jugando al ajedrez, inconmovibles y desinteresados de la desafiante tarea de despertar ardientes pasiones colectivas. En estos treinta años de democracia, la Argentina ha pasado de un tipo a otro de liderazgo con asombrosa versatilidad. Al entusiasmo por Alfonsín –que no fue votado por ser fuerte sino por ser promisorio– siguió el auge de Angeloz, un cordobés impasible que casi desaparecía detrás de sus anteojos de gran aumento, con lo que hasta su mirada era inescrutable. Cuando Menem, un carismático notoriamente singular, empezó a caer en la estima pública, la sociedad se entusiasmó con De la Rúa y Lole Reutemann, arquetipos del “anticarisma”. De la Rúa basó su exitosa campaña electoral en “dicen que soy aburrido”. Reutemann más bien nunca dijo nada, pero despertó confianza. A los Kirchner la sociedad les demandó construir gobernabilidad –sin demasiados límites–, convencida de que no había otra posibilidad. A sus sucesivos desgastes se fueron sucediendo en la estima pública figuras como Cobos, De Narváez, Scioli y Massa, y hasta Binner y Macri, quienes ciertamente no califican para el libro Guinness del carisma. Los problemas de fondo de la sociedad siguen sin resolverse.

Algo constante durante estos treinta años es el recurrente desajuste entre la agenda de la gente –los temas que la población considera prioritarios en cada momento– y la de los gobernantes. La sociedad va cambiando fluidamente sus demandas, los gobiernos se aferran a la agenda con la cual ganan una elección. El resultado es un ciclo repetido, en el que se pasa de un gran entusiasmo inicial con cada gobierno electo a la frustración y el fastidio.

Alfonsín propuso establecer una democracia libre de factores de poder corporativos, y entusiasmó; cuando, años después, la sociedad planteó que también la inflación era un problema prioritario, Alfonsín no lo aceptó y se produjo la decepción. Menem asumió para ordenar la economía y combatir la inflación; fue exitoso en esa tarea, pero no aceptó que el desempleo entrase como nueva prioridad en la agenda, hasta que sobrevino el divorcio. La experiencia de De la Rúa fue muy corta, y aun así la misma pauta se puso en evidencia: a dos años de haber asumido el gobierno, sufrió un serio contraste en las elecciones legislativas y siguió actuando como si nada hubiera pasado. Néstor Kirchner asumió en un país que salía de una profunda crisis pero con una economía ya en recuperación, y continuó por ese camino. Su agenda estuvo inicialmente orientada hacia quienes lo habían votado, que eran mayormente sectores de la clase media –derechos humanos, subsidios a los servicios públicos– y fue reorientando su objetivo hacia los sectores más pobres; pero lo sorprendió la nueva demanda de seguridad y no pudo manejar las necesidades sociales de mantener la inflación bajo control. Cristina ya está desbordada por esas demandas, pero continúa negando que el problema exista.

Estos treinta años son la historia de una sociedad que sufre los problemas de la coyuntura sin encontrar el camino de las soluciones, y así sigue deslizándose hacia abajo, a veces imperceptiblemente. Una sociedad que demanda poco: menos crimen, menos inflación, más empleo, un poco de institucionalidad, no mucho más que eso, y no encuentra dirigentes capaces de hacerse cargo de todos esos problemas, no de uno a la vez.

Una instancia clarísima de la inestabilidad de las expectativas en estos treinta años de democracia se manifiesta en el tema de las preferencias relativas al Estado y las empresas privadas. Por contraste, la opinión pública se ha mostrado más estable en la valoración de los distintos grupos sociales.

Hacia 1983 la sociedad era poco sensible a la disyuntiva entre el Estado y las empresas. La inflación y el histórico fracaso del Estado en términos generales, más una ola mundial de signo “privatista”, fueron impactando en ese plano. Hacia fines de los 80, y en los 90, la sociedad se hizo privatista, para volver a cambiar en la década de los 2000. Esas tendencias marcaron, en cada momento, un clima de época. La fluidez con que la sociedad argentina cambió en esa dimensión es llamativa. De hecho, en los 90 la Argentina era una de las sociedades más privatistas del mundo, y hoy está entre las más estatistas.

En cambio, la sociedad ha modificado poco sus valoraciones relativas a quiénes son los “buenos” y los “malos” de la película. Desde 1983 hasta nuestros días, los sectores productivos –agro, industria, comercio– y los vinculados a la información y al saber –científicos, intelectuales, periodistas, ¡y hasta los encuestadores!– gozan de alta estima. En cambio, quienes se ocupan de lo público o de la distribución de la riqueza –políticos, militares, jueces, sindicalistas– no despiertan confianza. Sólo los políticos y los sindicalistas han cambiado su posición en esas valoraciones: hacia 1983 despertaban mucha confianza, pero se desplomaron con el correr de los años, para iniciar una cierta recuperación a partir de la salida de la crisis en 2002 (gráfico 2).

Durante la década de los 80 los militares eran el grupo social menos valorado. La tendencia se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años, pero con una diferencia no menor: en los 90 los sindicalistas pasaron a recibir valoraciones incluso menos favorables, y en los 2000 los políticos siguieron ese camino. El efecto de los juicios a los comandantes de las Juntas en los años de Alfonsín produjo un leve impacto negativo en la imagen de los militares; los indultos de Menem, prácticamente ninguno (en todo caso, si algo coincidió con una moderada baja de la imagen de los militares en los 90 fue la supresión del servicio militar), y el foco puesto en los derechos humanos en los 2000 tampoco ha incidido de manera importante.

Con la inflación de los años 80 se perdió el consenso que acompañó inicialmente al presidente Alfonsín. Con la recesión de fines de los 90 –y también en parte con la fatiga de un gobierno que iba por los diez años y no ocultaba su deseo de seguir– se perdió el consenso de los 90 que acompañó durante varios años al gobierno de Menem. Con la crisis de 2001 se perdió lo que aún quedaba de confianza en la dirigencia política y en un gobierno que apostaba más a la institucionalidad que a la popularidad. Las circunstancias actuales no alcanzan por ahora para formular pronósticos. Pero sabemos que la opinión pública ha caído una vez más en el escepticismo y está dando por terminado su romance con el actual gobierno –y esto lo sabemos desde antes de haberse registrado la elección de las PASO el 11 de agosto–. Diez años parecen más de lo que la sociedad tolera para vivir congraciada con un gobierno.

Si algo rescata la opinión pública de las experiencias iniciadas en 1983 es el valor de la legitimidad democrática de sus gobiernos. No es poco, pero no es suficiente para augurar un futuro mejor. Todavía faltan algunos consensos sobre caminos viables para un crecimiento sostenible de la Argentina.

fuente: Perfil