La Argentina, un país sin números
Un viejo chiste sobre las estadísticas sirve para entender la cada vez más notoria ausencia de información confiable en la Argentina: «Las estadísticas son a un político lo mismo que un faro de luz a un borracho: lo importante no es que iluminen, sino que sirvan de apoyo». El fenómeno alcanza prácticamente a todas las áreas: faltan datos fiscales, económicos, indicadores sociales y cifras sobre la producción de energía. Las variables financieras, dentro de todo, son las que en mejor forma se mantienen, aunque allí también hay ausencias. En la Argentina, todos los datos sobre la situación fiscal de las provincias están a un clic de distancia: la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias dispone de series de gasto público, recaudación y deuda de las provincias y municipios. Claro que, en el mejor de los casos, el último dato disponible es al tercer trimestre de 2007. Esa es la actualización de la ejecución presupuestaria de cada provincia. La serie de gasto público por finalidad y función llega hasta 2004. La información actual sobre la situación fiscal de los municipios está más acorde con un museo sobre la economía argentina que con una página de Internet: llega hasta el año 2000, antes de la renuncia de Fernando de la Rúa, la semana de los cinco presidentes, el crac económico y la devaluación. El mejor dato disponible sobre el gasto público consolidado ?Nación, provincias y municipios? lo ofrece la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales: allí hay una serie que cubre el período 1980-2006. Este mes debería estirarse hasta 2007. El Boletín Fiscal es uno de los informes más atractivos que publica la Secretaría de Hacienda. Contiene no sólo la información sobre los ingresos del Estado y el gasto público ?con más detalle que la ejecución mensual, que prolijamente difunde el gobierno nacional a través de sendas conferencias de prensa en las que da cuenta de la evolución del ahorro público?, sino también sobre las transferencias de fondos a las provincias y la cantidad de empleados en la administración pública. También allí es posible encontrar la evolución de los subsidios y los ingresos y egresos de algunos fondos fiduciarios. Usualmente, se difunde con un trimestre de retraso. Es decir, ya debería estar disponible la información sobre los tres primeros meses de este año. Pero a no ilusionarse. Tener esta información en línea es una expresión de deseo: el último informe corresponde al tercer trimestre de 2007. «El boletín va a estar más o menos dentro de dos semanas», prometieron fuentes oficiales a LA NACION. No hubo más explicaciones. Lo cierto es que aún no se pueden cerrar los datos del Boletín Fiscal de 2007. Una pieza no menor del gasto público son los planes sociales, destinados a la población más vulnerable. Hubo una época en la cual un sistema permitía controlar la asignación de estos planes, acusados desde su nacimiento de ser una herramienta de clientelismo político. Ese sistema se llamaba Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro). Era controlado por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, hermana del ex presidente Néstor Kichner y cuñada de la actual mandataria, Cristina Kirchner. Hace años que el Siempro se volvió obsoleto. «Esto es escandaloso. Hay un déficit de transparencia y no es una casualidad. No se permite el control. En el plan Jefes, la publicación de información permitió investigaciones sobre gente que estaba incluida y no debería haber estado incluida. Hay una cuestión clientelista», sostuvo Miguel Braun, director ejecutivo del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). «Por distintas motivaciones, hay una política sistemática de reducción de la transparencia en términos de publicación de datos», concluyó Braun. ¿Puede ser fruto de un problema presupuestario, de falta de gente para procesar la información, o de una limitación tecnológica para hacerlo? La respuesta de quienes están encima de estos números es categórica: no. «Ese es un argumento insostenible. La información está. Es cuestión de organizarla y publicarla», sostuvo. Otro dato social ausente tiene que ver con la desnutrición: las últimas cifras oficiales surgen de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación entre octubre de 2004 y enero de 2006. La desinformación alcanzó en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dos expresiones: algunas estadísticas se manipularon, mientras que otras se dejaron de actualizar o, directamente, se eliminaron. Un índice sufrió estas dos realidades a la vez: el índice de precios al consumidor, que relevaba información de ocho provincias (IPC Nacional). Es un fiel reflejo de las contradicciones que ofrece de tanto en tanto el gobierno nacional: promulga el federalismo en los discursos, pero sólo mide la inflación en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Maquillaje y retoque El Indec no sólo maquilló la inflación, sino que también retocó los precios mayoristas, el índice del costo de la construcción, las cifras sobre el crecimiento de la economía y las ventas en los supermercados y shoppings; en ambos casos, al medirlas en volumen. Por la manipulación de la inflación, además, es imposible saber a ciencia cierta qué ocurre con los salarios reales, la pobreza, la indigencia, la competitividad cambiaria de la economía o cuánto ahorra, invierte o gasta la Argentina en relación con lo que produce, entre otros datos. El Indec mantiene algunas cifras en el freezer. Es el caso, por ejemplo, de la encuesta a grandes empresas, la distribución del ingreso -el último dato es del primer trimestre de 2007-, la versión completa de la última encuesta nacional del gasto de los hogares, realizada entre 2004 y 2005, que se utilizó para construir el nuevo IPC del área metropolitana, que debutó con una catarata de críticas este mes, o la producción de gas o petróleo. En este punto vale la pena hacer una salvedad. El Indec comenzó a publicar en 2005 un nuevo índice: el indicador sintético de energía (ISE). Claro que el origen de los últimos cuatro datos -diciembre, enero, febrero y marzo-, deja, al menos, algunas dudas. «Estimado por Indec en virtud de ausencia de información de la Secretaría de Energía en naftas, gas licuado de petróleo, gasoil, diesel oil y fueloil», dice una llamada al pie de página del informe. Justamente el mundo de la energía, en particular, y de los servicios, en general, es otro de los sectores que adolece de poca información. Cammesa, la empresa que maneja el mercado mayorista eléctrico y que tiene como presidente al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, es una de las más afectadas por la presión para dejar de publicar datos. La página de la compañía era un verdadero ejemplo de mercado transparente, en la que se podía consultar el precio que se estaba pagando en ese momento por la energía, quién despachaba, con que combustibles se generaba. En fin, un verdadero mercado mayorista. Pero eso ya pasó y ahora hay mucha menos información. Justamente después de los primeros fríos y, por consiguiente, los primeros cortes, parte de la información en línea dejó de estar disponible. Ya había alguna información que no se publicaba, como la cantidad de fueloil que se consumía o el estado de la cuenta del Mercado Eléctrico Mayorista, que inició un progresivo rojo desde 2003 a la fecha. Esa serie muestra sólo los datos hasta diciembre de 2006. De ahí para adelante, nada. «Se dejó de publicar la información de lo que está pasando en el mercado eléctrico; la foto de lo que sucede ya no está más en línea», dijo un ejecutivo de una empresa generadora que pidió que no se refiriera su nombre. El Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), por ejemplo, publica el informe de gestión en su página de Internet. Pues bien, quien quiera saber cómo fue la gestión el año pasado, justo cuando el órgano de control estaba conducido por Claudio Uberti -que renunció después del escándalo de la valija llena de dólares proveniente de Caracas-, no podrá hacerlo. El último que está allí es el de 2006. «Los concesionarios de las rutas envían todos los meses todos los datos de cantidad de vehículos que pasan por los peajes. Es decir, la información está, pero no la quieren difundir», dijo un ejecutivo de una de las concesionarias. El consuelo que queda es saber que la información está. Sólo hay que tener vocación de que se conozca. Y eso es lo que falta ahora. Por Rafael Mathus Ruiz
De la Redacción de LA NACION