En la Ciudad de Buenos Aires, hay más guardias que policías federales
En las puertas de los edificios están. También dentro de los bancos, las universidades y los boliches. “Cumpliendo con una función preventiva y psicológica, o no”, como se dice, también están y cada vez son más. Así lo demuestran los números. En la Ciudad de Buenos Aires el personal de empresas de seguridad privada se ha convertido en una fuerza superior a la Policía Federal. Entre vigiladores registrados con permiso para portar armas y los que no, suman, según el área de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad, 24.945, superando así a los 18 mil policías que prestan servicio en la actualidad.
En los últimos diez años, de acuerdo al informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existió un incremento sostenido de la participación de vigiladores en hechos de violencia. A nivel nacional no hay una ley que regule la actividad que crece a un ritmo anual de un 4%, pero sí cinco proyectos que se están tratando en la Cámara de Diputados.
Muchos de los especialistas consultados por PERFIL coinciden en que, si bien la seguridad privada se concentra en los sectores de mayor poder adquisitivo donde también hay más presencia policial, la cantidad de personal privado crece debido a la sensación de inseguridad que se acentúa en la gente y porque muchas veces cuesta menos pagarle a un custodio que a un policía. Por ejemplo, una hora de seguridad privada cuesta entre 3 y 7 pesos; mientras que la de un efectivo de la fuerza, entre $ 10 y 20.
Gustavo Palmieri, director del programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS, informó que si bien la cantidad de personas asesinadas en hechos delictivos ha disminuido desde el pico registrado en los años 2001 y 2002, las víctimas civiles muertas por custodios han registrado una disminución mucho menor, por lo que su participación en el total de casos aumenta. “Entre el 2001 y el 2007, al menos 41 personas fueron asesinadas por custodios privados en el área metropolitana de Buenos Aires; y 59 custodios perdieron la vida en intentos de robo, en peleas en la vía pública o en otros hechos”, explicó.
Aunque está prohibido que efectivos de las fuerzas trabajen en agencias privadas, no todos respetan ese mandato. Los mismos vigiladores dicen que trabajar con hombres que pertenecieron a alguna fuerza provoca tirantez en las relaciones. “Ellos se creen que saben todo y que pueden más que nosotros”, acusó un vigilador que desde hace ocho años está en el rubro, y agregó: “Es por algo que no están más en la fuerza”.
El informe del CELS, además de enumerar casos de custodios involucrados en delitos, menciona a policías exonerados o retirados de la fuerza, como el ex cabo Emir Champonois, que fue exonerado de la Policía bonaerense y condenado por el asesinato de Darío Riquelme y Mariano Wittis, cuando se encontraba desempeñando tareas en la agencia de seguridad privada Bayercop.
Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada e Investigación (CAESI) existen en todo el país poco más de 150 mil empleados. Además estiman que habría entre un 30 y un 40 por ciento más del personal que trabaja sin habilitación. Para Aquiles Gorini, presidente de CAESI, no existe el crecimiento que expone el CELS. Para él “existe una estigmatización de la seguridad privada que es incomparable con lo que pasa con la seguridad pública”. Gorini dice que como el 94% de las empresas están asociadas a la Cámara no cree que el número se haya incrementado porque “tendríamos que conocer los casos y no nos hemos enterado”.
Hay que estudiar. La capacitación en la Ciudad de Buenos Aires es obligatoria. Sergio De Gregorio, director de la escuela para empleados de empresas privadas, dijo que “la delincuencia existe en todos los ámbitos y que se vean involucrados o no los agentes privados en algún hecho de violencia depende de la persona”. Además aclaró que “muchas veces la capacitación es contraproducente porque algunos lo usan para el delito”.
Las normas que regulan la actividad en el país no están unificadas, cada provincia tiene su ley. Desde el 2002 en el Congreso se presentaron varios proyectos. “En este momento hay cuatro proyectos que se están tratando en la comisiones de Seguridad Interior y de Legislación General, y uno que entró la semana pasada del Poder Ejecutivo”, explicó María Fernanda González Samudio, asesora de la diputada Paola Spatola.
Hay 750 garitas ilegales
El problema de habilitación de las empresas de seguridad privada preocupa en la actualidad a los integrantes del sector. Recientemente la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e investigaciones –CAESI –, junto con el sindicato, realizaron un relevamiento, basándose en denuncias, de las garitas de la zona norte del Gran Buenos Aires. El resultado fue llamativo: encontraron 750 garitas en infracción. Ninguno de los vigiladores privados estaba enlazado con empresas solventes ni tenía los papeles correspondientes del personal de seguridad privada.
Algunos de los barrios donde se encontraron estas anomalías son Vicente López, San Isidro, Martínez, La Lucila, Tigre y San Fernando. “Esas garitas organizan un grave conflicto en la solidaridad responsable. El día que pase algo, los vecinos van a tener que atenerse a las consecuencias porque nadie se hace cargo. Todo esto fue denunciado pero evidentemente hay punteros políticos, intendentes y demás que están mirando el tema con benevolencia”, dijo a PERFIL Aquiles Gorini, presidente de CAESI. Por otro lado, también advirtió que las cooperativas generan una competencia desleal que resiente el trabajo del sector. Si bien desde 1994 están prohibidas, las que existían hasta ese momento fueron convalidadas y funcionan otras ilegalmente. “Los vigiladores son socios, con lo cual escapan al régimen laboral. Además sus aportes son diferentes por la forma jurídica que presentan. Cuando los costos de la seguridad privada son muy bajos hay que desconfiar”, explicó Gorini.
Fuente: perfil.com.ar
