Casi un tercio de los empleados públicos argentinos tiene un empleo precarizado
Según datos oficiales, más del 12 por ciento ni siquiera está registrado por parte de su empleador.
Según datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, esto es, no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones.
Los datos de empleo público se esconden en un kafkiano laberinto gubernamental. Sin embargo, obligada por la trampa de un decreto propio (el 312/10), la Jefatura de Gabinete se obligó a consolidar en un informe sobre el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el valioso dato del total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados.
De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria, bajo el paraguas del llamado «artículo 9», o vinculados con el Estado a través de diferentes contratos.
Se trata de trabajadores en una situación laboral precaria, ya que se estima que la gran mayoría cumple tareas de personal permanente.
El informe con el sello de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), que depende de Juan Manuel Abal Medina, señala que el total de los empleados públicos en la administración central es de 315.583. Sin embargo, ese documento aclara que 23 de las 183 jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas se negaron a informar la cantidad de trabajadores a su cargo actualmente.
No obstante, según datos del año pasado de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (Dinrep), esos mismos organismos nacionales suman 571.713 trabajadores -esta información agrega a las universidades nacionales, y a los poderes Judicial y Legislativo-. Esa plantilla laboral se expandió 15,4% desde 2008. Sin dar una estimación porcentual, economistas privados afirman que, tomando esta última cifra, la precariedad laboral sería mayor.
La misma fuente oficial estima que la cantidad de empleados públicos en todo el país sería de 3.321.439 a fines de 2012. Desde 2008, el empleo público creció 19,2%, lo que significa que hubo 535.032 puestos nuevos de trabajo. Si se compara con el promedio de 2000/2002, surgen 1,14 millones de empleos en el Estado.
Datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), sobre la base de información oficial, estiman que el mayor crecimiento en la plantilla laboral pública entre 2000/2002 y 2012 se registró en los municipios (77 por ciento). Luego aparecen las provincias (47%) y finalmente, el Estado nacional (33 por ciento).
No obstante, el porcentaje récord lo detentan las empresas públicas, sobre todo luego de la estatización de algunos ferrocarriles, YPF (que absorbió a Metrogas), Aerolíneas Argentinas y el Correo (más de 250 por ciento). Este grupo, a los que se suman los bancos públicos, agrupa a cerca de 100.000 empleados, muchos más de los 27.000 de los 90 y menos de los 340.000 del promedio de trabajadores de los 80.
Un desagregado provincial elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Indec, que no incluye a empleados que dependen de la Nación, estima para fines de 2011 la existencia de 311.303 trabajadores públicos (12,2%) a los que el Estado no les paga aportes y contribuciones. Se trata de un crecimiento de una décima en relación con 2010.
En la actualidad, existen diferentes vínculos entre el Estado y sus trabajadores. En primer lugar, aparece la planta permanente (PP). Según varias fuentes consultadas en diferentes ministerios, los concursos para ingresar a la misma están estancados hace años.
Debido a este congelamiento, las PP incluyen generalmente a empleados públicos de antaño. En la PP se respetan la estabilidad laboral y la relación de dependencia y se ofrece expectativa de carrera administrativa, con todos los derechos laborales que marca el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/06.
Irónicamente, y a pesar de la publicación de los datos oficiales consolidados por Abal Medina, el artículo 126 de ese convenio afirma -al ratificar una norma anterior- que el personal no permanente de las jurisdicciones y entes descentralizados no puede superar el 15% del total.
Luego aparece la planta transitoria (PT). Ésta se renueva anualmente a través de un decreto que se publica en el Boletín Oficial. Además de que no contempla estabilidad -como exige el artículo 14 bis de la Constitución Nacional- muestra algunas desventajas salariales en relación con la PP. «Por adicional por título te pagan un 20% del sueldo y no un 35% como en la planta permanente. También se calculan diferente las vacaciones», cuenta un trabajador del Ministerio de Trabajo, al dar un ejemplo.
Una de las modalidades de vinculación más extendidas es la que se enmarca en el artículo 9 de la ley 25.164 (conocida entre los trabajadores como la antigua «resolución 48»). Como en la planta transitoria, se reconoce la relación con el Estado (se pagan aportes y contribuciones), pero no hay estabilidad asegurada. Además, también existen desventajas salariales. Los contratos del «artículo 9» son sin expectativas de continuidad -pueden no renovarse-, por lo que funcionan como una gran herramienta de disciplinamiento político. No se cobra indemnización por rescisión anticipada del contrato. Una gran cantidad de empleados públicos aparece hoy bajo este paraguas.
Luego hay diferentes tipos de contratos, como los de locación de servicios en el marco de convenios con organismos internacionales (Pnud, BID, OACI, BIRF, etcétera), de obra (encuadrados bajo decretos 1023/01 y 436/00) y otros grupos de contratos fijos o eventuales. Por último, aparece el personal -en muchos casos, monotributistas- que recibe honorarios a través de entes cooperadores (un invento de los años alfonsinistas) o de universidades. Esta última modalidad nació en los 90, pero creció fuertemente con el auge de las casas de estudio bonaerenses en los últimos años.
fuente: La Nación