Torturas en la Argentina: una práctica en las cárceles que se perpetúa

A treinta años de la recuperación de la democracia y pese a los logros en materia de derechos humanos, entidades oficiales como la Procuración Penitenciaria de la Nación o el Comité Provincial por la Memoria muestran a la tortura como práctica habitual.

Según los resultados del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudio sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA (GESPyDH), en 2011 se registraron 791 casos de torturas y malos tratos en 21 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y seis del Servicio Penitenciario Federal (SPF). 

Si se consideran también las torturas psicológicas, el CPM presentó, durante 2011, 2.338 acciones judiciales urgentes que dieron cuenta de 7.018 actos u omisiones violatorias de los derechos humanos (por aislamiento extremo, golpizas, amenazas de muerte, etc.).

Estos números, si bien permiten dar cuenta de lo habitual de este tipo de prácticas, son apenas aproximaciones a lo que realmente sucede ya que, además de no incluir las cárceles provinciales, una gran cantidad de abusos, malos tratos o torturas no son denunciados por temor a recibir nuevas represalias. Esto da lugar a la existencia de una “cifra negra” que puede hasta triplicar las estadísticas alcanzadas. 

Eva Asprella, abogada del CELS, señala: “El Servicio Penitenciario está autogestionado. No tiene control. Se ejerce violencia sobre los detenidos para garantizar el buen funcionamiento de las cárceles. Hay una especie de ‘arreglo’ entre el poder político y el servicio penitenciario para que no haya grandes situaciones de desborde. Entonces, yo no te investigo ni veo lo que hacés pero vos mantené cierto orden, que no haya motines ni grandes conflictos. Esto da lugar a un nivel de violencia impresionante”. En un sistema penitenciario con poco menos de 60 mil detenidos (29.060 en el SPB, 9.778 en el SPF y 20 mil en las cárceles de todas las provincias), la violencia es así la manera de garantizar el control.

La situación, agrega el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, incluye parte del sistema médico que “muchas veces es cómplice, y yo mismo lo pude comprobar más de una vez. Te dicen en un parte médico que el preso se cayó de la cama cuando tiene 14 puntos en la cabeza, o te dicen que se autolesionó”. Otro sector cuestionado es el sistema judicial. Para el procurador, “hay un consentimiento judicial por inoperancia. No hemos encontrado resultados por la escasa investigación de los fiscales a denuncias que realizamos desde la Procuración. Mandamos pruebas que conseguimos, enviamos nuestros propios médicos a las cárceles, conseguimos declaraciones y nada”. Desde el CELS, agregan: “Estos casos no se investigan. Y es por falta de interés de la Justicia y del poder político. No hay política criminal. Entonces, si vos no sancionás, la situación no se modifica y todo sigue igual”, dice Asprella.

Golpes habituales y multiformes, requisas abusivas y aislamientos prolongados que se consideran parte orgánica del funcionamiento dentro de las cárceles, enfermerías que tergiversan los hechos o los disfrazan, juzgados, fiscales y jueces que miran para otro lado, montañas de causas archivadas, sanciones leves, desinterés político. Todos estos factores articulados dan lugar a una naturalización de la violencia que es marca del sistema penitenciario argentino. Tanto los presos como sus familiares la consideran una fatalidad incorporada y que es necesario modificar para que pueda ser superada.

El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Iñaki Rivera Beiras, escribe: “La Argentina vivió hace tres décadas su propia tragedia y demasiados silencios y paralizaciones permitieron la consumación de la barbarie. Posteriormente, se ganó un respeto en el mundo por la lucha contra la impunidad en el campo de los derechos humanos. Pero no ha sucedido lo mismo en el ámbito de los derechos fundamentales de los presos, allí hay todavía un inmenso agujero negro, una verdadera zona de no-derecho”.

Este vínculo entre el pasado y el presente, entre los años más oscuros de nuestra historia y un presente que aparenta ser distinto, es señalado por Mugnolo en un detalle que da cuenta, a su vez, de la necesidad de una reforma profunda: “Para modificar una realidad, primero hay que aceptarla. Y lo que pasa es que la doctrina penitenciaria dice que el control debe realizarse a través de la violencia. Se trata de un sistema penitenciario cuya ley orgánica es de la época de la dictadura”.

fuente: Perfil