Informe especial: luces y sombras de los Derechos Humanos en la Argentina
Según el trabajo “Derechos Humanos en Argentina. Informe 2012″, que acaba de presentar el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “los importantes desarrollos normativos que ampliaron la protección de derechos (en el país) han enfrentado dificultades para su implementación efectiva”.
El informe señala que «El recorrido por la situación de los derechos humanos en Argentina a lo largo de 2011 arroja luces, como la sentencia condenatoria en el caso ESMA, y sombras, como la sanción de la llamada Ley Antiterrorista. El último año del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner coincidió, a su vez, con los diez años de la crisis y el estallido social que sumergió al país en uno de los peores momentos de su historia. Esta conmemoración constituye, sin duda, una oportunidad para el balance y la evaluación de logros y deudas pendientes»
Por otra parte, el informe advierte acerca de las fuertes desigualdades sociales que aún subsisten, a pesar de los avances de los últimos tiempos. En ese sentido, señala que «el proceso de recuperación económica e inclusión social ha encontrado límites a la hora de satisfacer derechos sociales para amplios sectores de la población que continúan postergados. Esto es así en casos como el acceso a la tierra en zonas rurales, el derecho a la vivienda en espacios urbanos o el avasallamiento de los derechos del trabajo por prácticas propias de las reformas neoliberales, como la tercerización laboral».
Asimismo, el trabajo de CELS remarca que «persisten la ausencia o la deficiencia –señaladas en informes anteriores– de políticas estatales (nacionales, provinciales y locales) que permitan remover aquellos problemas que impiden el acceso de los sectores postergados a los derechos esenciales de un Estado democrático, problemas que, en algunos casos, se han agudizado. Entre las causas que explican esta situación, se destacan las deficiencias estructurales de las instituciones del Estado para promover políticas públicas más complejas, que alcancen e incluyan a los distintos sectores de la sociedad, a tono con las transformaciones profundas de reindustrialización e inclusión social producidas en función del modelo económico. También es determinante la resistencia opuesta por ciertos grupos en defensa de intereses económicos contra las políticas que apuntan a una distribución más equitativa de la riqueza. En no pocos casos, además, estas resistencias cuentan con la connivencia de actores estatales, tanto del sector político como del judicial.