Cada vez hay más presos en la Argentina, pero el delito no baja
En la última década, la tasa de encarcelamiento aumentó un 56%, pero eso no se tradujo en una disminución del delito. Cuáles son las alternativas que se les ofrecen a los presos para que no reincidan y cómo las situaciones de reclusión obstaculizan la readaptación. Más de la mitad termina su formación educativa tras las rejas.
Según los últimos datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Esstadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), de diciembre de 2010, hay en el país 59.227 personas encarceladas, lo que significa una tasa de 146 detenidos por cada 100 mil habitantes. Esos datos la ubican en el puesto número 30 (de 220) entre los países con mayor cantidad de presos, de acuerdo al International Centre for Prison Studies de la Universidad de Londres. “Es significativo en la medida en que algunos sostienen que Argentina tiene un sistema penal demasiado ‘garantista’ y que evita el encarcelamiento. Estos datos señalan, justamente, lo contrario”, subraya a PERFIL Karina Mouzo, socióloga y becaria post doctoral del CONICET.
Círculo vicioso. Los números demuestran que la tasa de encarcelamiento va en aumento: en 2000, había 37.885 convictos, por lo que en esta última década los niveles de detención aumentaron en un 56%. Sin embargo, eso no produjo que los índices delictivos disminuyeran e incluso, de acuerdo al mismo informe del Sneep, hay, por lo menos, un 30% de reincidentes.
“Objetivamente, las posibilidades de reinserción que tiene un detenido cuando recupera su libertad, son nulas. El sistema parece estar establecido para entrenar sicarios, en lugar de reinsertar gente que terminó de purgar una condena por violar una norma social”, dice Florencia Arietto, abogada y presidenta de la ONG Arde la Ciudad, que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley.
En ese sentido, se critica la falta de políticas laborales y educativas para los internos. A pesar de que se brindan talleres de capacitación en oficios y en la mayoría de los penales hay programas escolares y, en algunos casos, universitarios, su alcance es menor. Fue el propio ministro de Justicia y DD.HH, Julio Alak, quien admitió que, para lograr la reinserción, “el mejor instrumento es la educación”. Sin embargo, a nivel nacional, el 81% de los detenidos no participa de ninguna capacitación laboral, y el 56% tampoco termina su formación educativa tras las rejas. Si se tiene en cuenta que la mayoría de los detenidos está en plena edad productiva –el 67% tiene entre 18 y 34 años–, el panorama es aún más desalentador.
Para Luciana Pol, investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esto da cuenta de la existencia de una “población que, a raíz de situaciones que tienen que ver con lo social y lo económico, no pudo capacitarse en libertad y eso genera más condiciones de exclusión, más aún luego de pasar por un penal”. Sumadas a estas condiciones de vulnerabilidad de base, “cargar con el mote de ex convicto no hace más que agudizar la situación de las personas liberadas, llevándolas, en muchos casos, a un círculo vicioso de liberación –reincidencia– vuelta a la prisión. Por eso, la lógica del sistema carcelario, más que ‘resocializar’, genera y reproduce la delincuencia”, advierte Mouzo.
Para Alejandra López, directora del Patronato de Liberados Bonaerense, que alberga a 41.800 personas –entre liberados condicionales, excarcelados, condenados con libertad asistida o con condenas cumplidas, condicionales o bajo probation– “la reintegración social genera una baja en la reincidencia delictiva, por eso, el Estado debe intervenir desde distintos lugares. No hay soluciones facilistas.” El organismo no cuenta, dice, con la cantidad de empleados necesarios para cubrir esas necesidades.
Futuro incierto. Las condiciones de reclusión dificultan las posibilidades de resocialización fuera de las cárceles. “El dispositivo carcelario genera exclusión y el encierro, como método de ejecución de la pena, difícilmente cumpla una función en relación al cambio de proyecto de vida de una persona que delinque”, explica Verónica Durand, socióloga, con experiencia en la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación.
Pero si a ese escenario se le suma la violencia y las condiciones indignas de las cárceles, las perspectivas no parecen alentadoras. Según el citado informe del Sneep, el 29% de los reclusos o participó de algún disturbio o fue herido por sus compañeros o por los vigilantes.
La encarcelación preventiva de no condenados –el 53%, según el Sneep–, las cárceles sobrepobladas y los casos sin resolución también complican el panorama. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Esa es la deuda que los ex convictos todavía esperan que se salde para que su pasado delictivo deje de ser un estigma difícil de sortear.
fuente: Perfil
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