En sólo un año, la cantidad de cámaras de seguridad creció más de un 30 por ciento

En seis años no sólo se multiplicaron catorce veces las cámaras en la Ciudad sino que fueron incorporadas definitivamente al paisaje urbano de todo el país.

Las videocámaras no reconocen ideologías. Sus defensores van desde el intendente K de San Martín, Ricardo Ivoskus hasta Mauricio Macri.

Y entre los abanderados a esta causa el debate sobre el derecho a la intimidad parece haber quedado saldado con una sola palabra: seguridad .

Ni siquiera en la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) saben cuántas cámaras filman el espacio público. Pero algunos números muestran la dimensión que las aparatos tomaron: En el país, hay unos 9 mil instaladores. El año pasado, la facturación alcanzó los 276 millones de dólares –según estadísticas oficiales– y representó un 33,5% más respecto al año anterior .

Desde que en 2008, el Gobierno nacional lanzó el Programa de Protección Ciudadana, prácticamente no quedan municipios del conurbano fuera del boom. Ciudades como Rosario y Mendoza y localidades más pequeñas como Lobos o Campana también integran esa lista.

Para cuando termine el año, la Ciudad de Buenos Aires tendrá instaladas otras mil cámaras y ya no habrá quedado parque público fuera del alcance de este Gran Hermano .

Hoy, una persona que camina por 9 de Julio desde Independencia hasta Santa Fe será filmada doce veces, si se cuentan sólo las cámaras oficiales .

Gustavo Tanús, especialista en derecho a la intimidad sostiene que las imágenes deberían estar regidas por la ley de protección de datos: “ Nadie debería obtener imágenes de uno sin autorización, pero si se tiene en cuenta que es para una finalidad determinada, mayor seguridad, lo que sí habría que garantizar es avisar que uno está siendo filmado, quien tiene acceso a la información y por cuánto tiempo se guardarán los datos ”.

Si es la ley de protección de datos la que regula, entonces una imagen propia tiene el mismo valor que un dato, cualquier ciudadano podría exigirle al estado el derecho a poder verlas o que sean borradas. Pero más allá de esta ley no existe una norma que fije reglas uniformes para el sistema de las videocámaras . En Tigre, por ejemplo, las grabaciones se guardan durante 30 días y es la propia intendencia la que decide difundirlas. Llevan hasta ahora unas 120 filmaciones en el aire. En la Ciudad, sí existe una ley que obliga a guardarlas durante sesenta días y prohíbe su difusión. Dos semanas atrás, Macri tuvo que deshacer un acuerdo para difundir las imágenes de la 9 de Julio por los canales de televisión después de que la Defensoría presentó una queja.

Tigre fue uno de los municipios pioneros. Empezó en 2008 y lleva instaladas más de 600 cámaras . Su intendente, Sergio Massa, no tiene dudas: “Hoy la gente me pide videocámaras, no patrulleros. Tienen el 93 por ciento de aceptación y logramos bajar el robo de autos en un 70 por ciento”.

Eugenio Burzaco, jefe de la Policía Metropolitana asegura que están “muy satisfechos” con los resultados. ¿Hasta donde se seguirán instalando? “Todas las necesarias para poder actuar preventivamente, es imposible poner un patrullero en cada esquina”.

Lo que semejante volumen de filmaciones produce ya ha quedado incorporado a lo cotidiano. Con solo buscar en YouTube se puede ver un robo. Tal es el furor que hay programa de televisión y la próxima semana se hará en la Rural la Seguriexpo en la que las cámaras serán las estrellas.

Beatriz Busaniche integra la Fundación Vía Libre, una ONG que defiende los derechos civiles frente a nuevas tecnologías: “Que una persona esté circulando en un espacio público –asegura– no implica que se pueda vulnerar su derecho a la intimidad. Toda persona tiene derecho a saber dónde se están almacenando sus datos y a pedir que se destruyan”. Pero el inmenso negocio de las cámaras parece haber saldado la discusión entre derechos y seguridad.