Medio millón de argentinos es indocumentado
En agosto de 2009, al lanzar el Plan de Ingreso Social con Trabajo, la presidenta Cristina Kirchner sostuvo que en la Argentina había en ese momento 1.275.000 personas indocumentadas.
Pero el viceministro del Interior, Marcio Barboza, admite ahora que no existen estadísticas oficiales al respecto, y advierte que este problema “no es un patrimonio exclusivo de la Argentina”.
Las únicas cifras disponibles son las del impacto en la provincia de Buenos Aires del Programa Derecho a la Identidad de la Niñez. En enero pasado, el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, estimó que el programa había permitido la inscripción de 14 mil menores de 12 años.
Alvarez señala que los indocumentados son fruto de la pobreza estructural y de las consecuencias de la expulsión del mercado laboral de miles de personas en los últimos treinta años. Asevera que estas personas “pierden su pertenencia a la formalidad en tanto no se imaginan volviendo al mercado laboral y entonces, desarrollan su vida de manera precaria”.
El presidente del Iadepp, una ONG que apoya a quienes carecen de DNI, asegura que así como alguien tramita su pasaporte sólo cuando lo necesita, algunos padres inscriben a sus hijos sólo cuando se ven forzados por una circunstancia externa como puede ser un plan social o el ingreso de un hijo a la escuela.
iva e invisible. Adriana Linares (nombre ficticio) tiene 19 años, es la menor de seis hermanos y asegura que, cuando nació, a su madre sólo le dieron un papel que decía que “nació viva”. De nada le sirvió. Su mamá lo extravió al poco tiempo y en el Hospital de San Justo –donde nació– no quedó ningún registro de ella.
Adriana cuenta que terminó la escuela primaria y la secundaria pero no tiene el certificado de estudios que necesita para ingresar a la Universidad a estudiar veterinaria. Sabe que sin ese papel que acredite que ella es quien dice ser no podrá hacer nada y que a consecuencia de no tenerlo “se le cerraron muchas puertas”.
En cambio, Javier Montoya disiente con Adriana y asegura que su vida no se vio afectada por no tener el documento.
Montoya está preso, cumpliendo una condena a nueve años por robo. Desde la prisión, admite que en su momento le interesó tener el documento, pero que se cansó de tramitarlo.
Javier desconoce los motivos por los que su mamá no lo registró al nacer. No la culpa por ello y reflexiona que para cuando cumpla su condena, quiere tenerlo para conseguir un trabajo.
El Iadepp desconoce el número de personas indocumentadas que se encuentran detenidas, pero una fuente del Servicio Penitenciario Bonaerense dijo a PERFIL que, en algunas prisiones, el número de personas privadas de su libertad indocumentadas trepa el quince por ciento de la población carcelaria.
Esto significa que la proporción de indocumentados en la población carcelaria es diez veces superior a la que se da en la sociedad.
“Las cárceles se alimentan en su mayoría de jóvenes de la pobreza. Y a los indocumentados sólo se los puede ubicar dentro de la pobreza”, explica Alvarez.
El mismo índice se repite en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde se anota a los chicos porque estudiar es un derecho
Claudia Bello, Directora de Psicología Comunitaria y pedagogía Social de la Dirección de Escuelas dijo a PERFIL que cuando se presentan estos casos el equipo de orientación de las escuelas o districtales son encargados de hacer de nexo entre la familia y los trámites que necesitan realizar.
Alvarez asegura que todavía le sorprende que no exista ninguna manifestación de los gremios de la educación por los pibes indocumentados “cuando son ellos los que más contacto tienen con esta problemática”.
Manuel Villalba es uno de esos chicos que pasó por la escuela y hoy no tiene su certificado de estudios ni su documento. Es el menor de cinco hermanos, único indocumentado, y nació un tiempo después de que sus padres se separasen.
pesar de no haber cometido ningún delito, vive recluido en el domicilio familiar de La Matanza y no sale a la calle por temor a que lo detengan. La falta de su documento lo llena de impotencia. A su vez, Alvarez no entiende por qué si la policía detiene a una persona indocumentada que no registra antecedentes, lo libera sin contactarlo con alguna autoridad social o municipal para que lo ayude. Sospecha que esto sucede porque el tema no figura en las prioridades de los partidos políticos. “Ni de los de izquierda y mucho menos de los de derecha”. También, se queja de la inexistencia de campañas masivas de concientización que ayuden a terminar con esta problemática.
Por su parte, el viceministro Barboza asegura que cuando la presidenta Cristina Fernández anunció el Plan de Ingreso Social con Trabajo se hizo una campaña muy fuerte en ese sentido. Sin embargo, reconoce que en este momento no está planeado repetirla pero sí “pedirles a las provincias que la realicen”.
Igualmente, Barboza asegura que más importante que las campañas es que todos los hospitales tengan registros civiles para que la madre no se vaya a su casa sin anotar al hijo. Puntualiza que en ese sentido, “junto al ministro Florencio Randazzo, abrieron todos los que habían sido cerrados en los años 90 por razones presupuestarias”.
A pesar de ello, las soluciones que brinda el Estado no alcanzan. A los motivos culturales y económicos que determinan que un recién nacido no sea anotado se les suman la burocracia que se debe sortear a la hora de hacer los trámites.
fuente: perfil.com