La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre los altos índices de criminalidad en América latina
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en un informe publicado que los países de América Latina presentan «algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo». Estos niveles de criminalidad acompañada por violencia «generan alarmas para la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho», destacó el organismo.
El informe, «Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos», señala que «las políticas de seguridad ciudadana históricamente implementadas en numerosos Estados de la nación se han caracterizado, en términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza arbitrariamente».
Eso se traduce en los bajos índices de confianza que la población tiene hacia el gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial, señala la comisión. Al respecto subraya que las políticas de seguridad ciudadana históricamente se han desvinculado de los estándares internacionales sobre derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza ilegal y arbitraria, sostiene la CIDH.
«El uso de la fuerza fuera de los marcos legales y de los estándares internacionales, junto a la incapacidad de las instituciones de enfrentar el crimen y la violencia de forma eficaz, contribuyen a incrementar la inseguridad de la población», constata.
La CIDH indica además que tras la historia reciente de la región marcada por transiciones de regímenes autoritarios a la democracia, la mayoría de las instituciones que integran el sistema estatal de control judicial y policial «aún no han registrado procesos de reforma eficaces».
Así, a pesar de las transiciones políticas y las reformas constitucionales y legales, los aparatos institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad «aún preservan características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas aún muestran debilidades», afirma.
Además, explica que en varios países de la región se ha recurrido a políticas ineficaces, basadas en el incremento de la presión punitiva, la disminución de las garantías procesales, prácticas para rebajar la edad para aplicar el derecho penal de adultos a niños y una creciente intolerancia y estigmatización de personas o grupos.
fuente: lanacion.com.ar