CELS advierte sobre el aumento de muertos por la «violencia institucional» en las cárceles argentinas
La «violación sistemática de derechos fundamentales» persiste en las cárceles de Argentina, donde aumentó en 2009 el número de muertos por «violencia institucional», advirtió hoy un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).«Hubo un aumento del 12 por ciento en los casos de muertos en hechos de violencia institucional en el área metropolitana de Buenos Aires. Los protagonizados por policías federales se incrementaron un 57 por ciento», señaló el decimoquinto Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
Entre julio de 2008 y junio de 2009 murieron en este tipo de episodios 140 personas, en su mayoría civiles, frente a 125 víctimas fatales registradas entre julio de 2007 y junio de 2008, añadió el estudio.
EL CELS consideró que el año pasado hubo «regresiones en materia de políticas públicas de seguridad» y advirtió sobre el uso abusivo de la prisión preventiva, que alcanza al 77 por ciento de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, la mayor del país.
«La violación sistemática de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Argentina resulta una consecuencia directa de las políticas de seguridad y judiciales y representa uno de los problemas de derechos humanos más serios que enfrenta el país», precisó el documento.
No obstante, la entidad indicó que en 2009 hubo «avances» para la vigencia de los derechos humanos en el país, como «el proceso de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad (de la dictadura), la extensión de las asignaciones familiares por hijo y la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual», rechazada por empresas del sector y parte de la oposición.
En cuanto a las causas iniciadas por crímenes de la última dictadura argentina (1976-1983), el informe señaló que surgieron trabas por parte de algunos tribunales y se mantienen dificultades logísticas que demoran los juicios «más allá de lo razonable».
Sin embargo, destacó el inicio del juicio oral por los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante el régimen, por donde pasaron unas 5.000 personas.
En este proceso son juzgados el ex marino Alfredo Astiz y otros 18 represores por los asesinatos de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga y sus compañeras de lucha Azucena Villaflor y María Ponce, así como los del periodista Rodolfo Walsh y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, entre otros.
Este juicio, al igual que otros por delitos de lesa humanidad, «resultan significativos tanto por el número elevado de casos que incluyen como por la cantidad de imputados y la repercusión pública de algunos de ellos, identificados como símbolos de la represión ilegal argentina», sostuvo el CELS.
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