En dos años, creció el 32% la portación ilegal de armas

En dos años, entre 2007 y 2009, las causas abiertas por tenencia, portación y suministro ilegal de armas de fuego de uso civil aumentaron el 32 por ciento en la Capital. La mayoría de los hechos ocurrieron en los barrios de Caballito, Almagro, Boedo, Villa Crespo, Villa Mitre y Flores.

Los datos surgen del Segundo Informe de Conflictividad elaborado por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.

«A raíz del aumento de casos, se torna necesario profundizar una política criminal integral, que entienda la prevención del delito, la seguridad pública y la acción judicial como factores complementarios», se sostiene en el informe al que tuvo acceso LA NACION.

La importancia de combatir este delito está dada, según el estudio, en que en la Argentina el 50 por ciento de las 2052 muertes intencionales registradas en 2006 fueron provocadas por armas de fuego, y en la ciudad de Buenos Aires fueron utilizadas en el 57 por ciento de los 68 homicidios dolosos ocurridos durante 2007.

La investigación de la tenencia, portación y suministro ilegal de armas de fuego de uso civil fue transferida desde el ámbito de la justicia nacional a la justicia porteña con otra serie de delitos, como lesiones en riña, usurpación, violación de domicilio, amenazas, daños, abandono de personas, exhibiciones obscenas y maltrato de animales.

Según la resolución 178/08 de la Fiscalía General, con fecha 30 de julio de 2008, si una persona porta o tiene un arma de fuego sin su autorización correspondiente, deberá enfrentarse con un proceso judicial en el que fiscal procurará la condena a una pena privativa de libertad o una solución alternativa -como la suspensión del proceso a prueba o probation – en la que se disponga el cumplimiento de rigurosas reglas de conducta.

«Con respecto a las armas de fuego de uso civil, pese a que en dos años creció el 32 por ciento la cantidad de casos por tenencia, portación o suministro ilegal, el aumento de la respuesta de calidad (condenas judiciales) frente a ellos fue mucho mayor, pues alcanzó un nivel que supera en el 52 por ciento al que existía antes de la resolución 178/08», afirmó el fiscal general porteño Germán Garavano en el informe.

Según el estudio del Ministerio Público porteño, durante el segundo semestre de 2008 y el primero de 2009, se obtuvieron «sentencias condenatorias que representaron penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo por un total de 18 años y seis días, más ocho años y tres meses de cumplimiento en suspenso y sanciones de multa».

nota completa: lanacion.com.ar