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Los uruguayos siguen en contra de la anulación de amnistía a militares de la dictadura

Los uruguayos siguen en contra de la anulación de amnistía a militares de la dictadura
Una nueva encuesta difundida el lunes reveló que 55% de los consultados está en desacuerdo con la anulación de una amnistía a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), que ha causado una puja interna en la coalición oficialista del Frente Amplio.

El sondeo publicado en el diario Ultimas Noticias y realizado por la consultora privada Interconsult, mostró que 33% estuvo de acuerdo en la anulación de la llamada ley de caducidad mientras que un 12% no respondió. En octubre, otra encuesta de la misma consultora había arrojado un respaldo a la ley del 52% contra un 36% a favor de la anulación.

El estudio se realizó entre fines de abril y comienzos de mayo sobre 800 consultas en todo el país con un margen de error de 3,3%.

El presidente José Mujica ha intentado que los 50 diputados que forman la mayoría de 99 en la cámara baja posterguen la votación prevista para el próximo 19 de mayo en la que la amnistía quedaría anulada. La anulación ya fue aprobada por el Senado el 12 de abril.

‘Aunque no se saben los próximos pasos, la situación respecto de si anulan o no la ley de caducidad crea una gran incertidumbre y en el lado militar hay una gran inquietud’, dijo a AP el diputado Jaime Trobo del partido Nacional, la principal fuerza de oposición.

Trobo criticó las expresiones de Mujica en el parlamento respecto de las consecuencias electorales negativas que deberá enfrentar la coalición oficialista si se anula la amnistía.

‘Esto es mucho más grave que lo electoral… Si el Frente Amplio tiene más votos o menos votos, se verá en su momento. Acá el tema es otro, acá el tema es si hay democracia o no hay democracia’ sostuvo por su parte el ex presidente Jorge Batlle, del partido Colorado, que calificó de ‘horribles’ las manifestaciones de Mujica ante los legisladores.

Constitucionalistas sostienen que es inconstitucional su eliminación ya que la ley fue respaldada en 1989 y 2009 en consultas populares. La ley de caducidad fue aprobada en 1986 como contra parte de la amnistía a los tupamaros y presos políticos sancionada en 1985.

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