Baja la piratería de software en la Argentina

Según el estudio anual sobre piratería del software realizado por la Business Software Alliance (BSA) en conjunto con International Data Corporation (IDC), la tasa de piratería de software en Argentina logró bajar al 70%, mostrando una disminución en los últimos cinco años de 5%, gracias a las diferentes acciones realizadas a nivel nacional. Aunque la tendencia es la disminución año tras año, Argentina sigue encima de la media latinoamericana que es del 64% y se consideran pérdidas económicas cercanas a los 681 millones de dólares.

Es que la venta de software ilegal en ferias o a través de Internet, como así también las copias realizadas por empresas o particulares y el acto de subir los programas a la Web para su posterior descarga, impiden la generación de nuevos empleos de alto valor agregado y la percepción de tributos, a la vez que constituyen una barrera para la innovación y el desarrollo de productos de software a nivel nacional, dado que no existe un entorno seguro que aliente las inversiones.

El uso ilegal de los programas de software genera también problemas legales, puesto que es una conducta prohibida tanto civil como penalmente, que expone a las usuarios a serios riesgos informáticos. Por estas razones, y porque el cumplimiento de la ley tiene un valor en sí mismo, es importante que las empresas se aseguren de estar utilizando software respaldado por las correspondientes licencias de uso. El incremento en la adquisición de notebooks que vienen ya con el software instalado permite una baja en el uso de copias ilegales.

Los usuarios argentinos, por encima de la media mundial, reconocen que el software legal es más seguro, aprobando el concepto que tiene que ser pago. Pero desconocen que comprar un programa y copiarlo para usarlo en otras PC de su casa o empresa, pasa a ser también un acto ilegal.

Para este año, el objetivo de la BSA es bajar entre uno y dos puntos el nivel de piratería de software, desarrollando acciones en Argentina y en el mundo, dirigidas al sector público y privado, con el objeto de reforzar el respeto de los derechos de autor, lo que debería nuevamente impactar en el índice de piratería a nivel nacional y en la región.