Se duplicaron las denuncias por trata de personas en la Argentina

Según los datos obtenidos desde la Ufase sobre investigaciones, procesamientos y sentencias dictadas durante el año pasado, las agencias de seguridad y judiciales encargadas de la detección, investigación y sanción de esta modalidad delictiva “han incrementado el número de condenas, de procesamientos y también de investigaciones judiciales abiertas”, se lee en el informe fiscal.

Pero las notas negras también sobresalen. Uno de los puntos negativos del documento de Colombo es que el número de condenas por el delito de trata en la ciudad de Buenos Aires se mantiene en cero.

Según el fiscal, “la demora en la acción, sumada a la dispersión de investigaciones e investigadores, es la antesala de un caso perdido, y éste es uno de los problemas principales de las investigaciones”.

Desde el Ministerio Público Fiscal también se puso en la mira a la polémica Dirección General de Habilitaciones y Permisos, que depende de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno porteño. “Se ha iniciado un expediente dedicado a la comunicación a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires de los domicilios que funcionan como prostíbulos y que tienen fraudulentas habilitaciones comerciales expedidas por la autoridad local.”

Lo que hizo Colombo fue pedirle al gobierno de Macri que “procedan a revocar el acto administrativo que les dio un permiso de funcionamiento luego violado”. Justamente, el caso Martins desnudó la compleja trama que cubre la relación entre habilitaciones de locales nocturnos, inspecciones y presuntos casos de corrupción.

Fue Lorena Martins la que denunció al ex titular de la AGC, Oscar Ríos, un dirigente de Boca íntimo de Macri. Lo señaló como el hombre que cobró dinero de los prostíbulos para usarlo en la campaña del PRO y para evitar clausuras. La AGC estuvo siempre en la mira, en especial el área de habilitaciones. Según pudo reconstruir este diario, las maniobras irregulares consistirían en cajonear expedientes de aquellos que necesitan habilitaciones para funcionar, como en el caso de hoteles o boliches de música y canto.

Colombo en su informe también pone la mira sobre la corrupción en la Policía Federal: “Los funcionarios que tenían participación en los controles (actas de inspección en las que los testigos que las firmaron eran personas inexistentes) y que conducían a una errónea negociación de la explotación de la prostitución de mujeres en un inmueble fueron denunciados juntamente con los prostíbulos que allí funcionaban. Según los distintos tipos de defectos con los que se clasificaron las actas de control (se revisaron más de 6.000 actas de control policial).” La denuncia involucró a 75 funcionarios.

Para la especialista en la temática de trata de personas, Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero, no es posible determinar si el aumento de las denuncias corresponde con el crecimiento del delito en la Argentina, “ya que el delito de trata es muy nuevo”.

Del ciento por ciento de los lugares donde se determinó que hubo explotación sexual, sólo consta que fue clausurado el 6 por ciento, el 32 por ciento no fue cerrado y el 62 por ciento restante “no consta”.

“Que no se asegure el cese del funcionamiento del lugar de explotación cuanto menos en la instancia de condena –ya hemos visto que en instancias anteriores es más difícil todavía– es un dato negativo desde todas las perspectivas de análisis posibles”, dice el informe de la fiscalía a cargo de Colombo.

fuente: Perfil