Crecen los homicidios en las cárceles de la provincia de Buenos Aires
Una seguidilla de homicidios en las cárceles de la provincia de Buenos Aires volvió a poner sobre la superficie los preocupantes niveles de muerte que subsisten dentro de las 55 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En 2011 las denominadas «muertes traumáticas» -según la clasificación oficial- crecieron un 18,5% respecto de 2010: pasaron de 38 a 45, incluidos asesinatos y suicidios.
Si bien aún no hay datos del presente año, las autoridades del SPB confirmaron que entre el 29 de marzo pasado y el 12 del corriente murieron, en distintos penales, cinco internos en peleas suscitadas por «problemas de convivencia». Varios organismos que se ocupan de monitorear la situación intramuros advirtieron sobre la inquietante cifra.
Según datos que se desprenden de registros del SPB, en 2011 se produjeron 45 «muertes traumáticas» dentro de las cárceles provinciales: hubo 25 decesos por heridas de arma blanca; 18 suicidios; un paro cardiorrespiratorio traumático; además de un fallecimiento por un severo traumatismo de cráneo. Hubo otros seis casos en los que los peritos del SPB no pudieron determinar el motivo de la muerte.
En 2010 fueron informadas 133 muertes, de las cuales 38 fueron traumáticas; 23 por arma blanca y 15 suicidios.
El Comité contra la Tortura de la CPM presentó, a lo largo de 2010, 953 hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención y 294 informes urgentes que se equiparan al hábeas corpus. Estos escritos daban cuenta de 3124 hechos graves que acontecieron en 49 cárceles, 15 comisarías y 9 institutos de menores.
Muchos de los datos de estos informes han sido replicados por el Subcomité contra la Tortura de la ONU, que la semana pasada inició una visita a penales en el país, empezando por algunos en la provincia.
A fines de noviembre pasado, la Suprema Corte bonaerense pidió explicaciones y exigió medidas por las muertes en cárceles tanto al Ministerio de Justicia y Seguridad como a la Procuración General de Justicia, de la que dependen los fiscales. La presentación, con la firma de Eduardo Pettigiani, entonces titular de la Corte, mencionó la «venta de drogas dentro del penal, tenencia de elementos punzocortantes, abusos sexuales, actuación tardía y deficiente en materia de seguridad, ineficaz sistema de salud»; y reclamó respuestas ante «la posible participación de personas detenidas con connivencia de personal penitenciario en hechos delictivos cometidos fuera del ámbito de la Unidad Penal, con el posterior ingreso de lo sustraído a aquélla, para su reducción en los talleres que funcionan intramuros».
fuente: La Nación